Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la Presidencia de la República por la coalición opositora, ha levantado la voz en contra de lo que considera una clara coacción del voto por parte de ciertos sectores políticos. En una declaración contundente, Gálvez señaló que los programas sociales, becas, pensiones y otros apoyos gubernamentales no pertenecen a ningún partido político, sino que son financiados con recursos públicos y están garantizados por la Constitución.

La candidata exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) intervenir de manera inmediata para detener estas prácticas coercitivas que buscan influir en el voto de los ciudadanos. En este sentido, solicitó una reunión formal con Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE, así como con los consejeros electorales, para abordar este preocupante asunto.

Gálvez denunció específicamente la presencia de los Servidores de la Nación, quienes, según sus afirmaciones, están visitando los hogares y engañando a la población al afirmar que la alianza "Fuerza y Corazón por México" eliminará los programas sociales en caso de ganar las elecciones. Ante esta situación, la candidata hizo un llamado al INE para que inicie una campaña urgente en medios de comunicación, transmitiendo el mensaje de que los programas sociales no están ligados a ningún partido político y son financiados con recursos de los ciudadanos.

Además, Gálvez instó a los órganos electorales locales a actuar ante la evidente coacción del voto, no solo en el ámbito presidencial, sino también en las elecciones municipales, estatales y legislativas.

En su discurso, la candidata hizo hincapié en la importancia de que las instituciones académicas del país participen en la creación de padrones públicos y auditables de beneficiarios de programas sociales, con el fin de garantizar que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando así su mal uso con fines políticos.

La postura de Xóchitl Gálvez refleja una preocupación genuina por la integridad del proceso electoral y la necesidad de preservar la imparcialidad y transparencia en la distribución de los programas sociales, como un derecho fundamental de los ciudadanos mexicanos.